¿Cuánto Cuesta un Abogado Tributario?

Un abogado tributario puede cobrar un precio fijo por el servicio prestado o una tarifa por hora. Las tarifas por hora varían entre los $30.000 y $100.000 pesos por hora.

Si un cliente solicita un abogado a último momento y el caso requiere mucho trabajo en un corto período de tiempo o si el caso es particularmente complejo, las tarifas serán más altas. 

Los abogados tributarios están disponibles para asesorías, consejos o representación legal en todos los aspectos de las leyes tributarias. Pueden trabajar con personas particulares, empresas y organizaciones sin fines de lucro. 

Servicios

Algunas de las razones más comunes para contratar a un abogado tributarista son:

• Deudas de impuestos que una persona particular o una empresa no puede pagar
• Representación ante el Servicio de Impuestos Interno (SII) o la Tesorería en caso de deudas
• Representación de auditoría

Los abogados tributaristas también pueden ayudar con impuestos generales, fiscalizaciones, embargos, problemas con pago de nóminas e inconvenientes relacionados con fraude. De igual forma, estos abogados pueden ofrecer orientación si vas a crear una empresa y así ayudarte a comprender las responsabilidades tributarias.

Con respecto a los organismos públicos, la Tesorería General de la República es el ente encargado de recaudar los tributos y demás entradas fiscales, además de custodiar los fondos recaudados y otros valores a su cargo. Por su parte, el SII es una institución pública que procura que cada contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias; un abogado tributario puede brindarte asesoría o representación legal ante ambos organismos, ya sea que quieras simplemente asesoramiento para realizar los procesos o tal vez prefieras que el abogado los haga por ti.

Cobranza de impuestos

Un abogado tributario es un profesional experto y capacitado específicamente en el área tributaria, por lo que probablemente tendrá experiencia en el rubro y habrá trabajado con diferentes clientes con distintas necesidades. Es buena idea contratar a un abogado tributario para orientarte a pagar todas las obligaciones o, en última instancia, asesorarte durante el proceso de cobranza de impuestos.

De acuerdo a la Tesorería hay tres etapas que constituyen el proceso de la cobranza de impuestos:

1. Cobranza administrativa: Se realiza ante la Tesorería Provincial cuando una persona es declarada como deudora por dicho organismo, por lo que se envían comunicaciones de cobro administrativas, telefónicas, por mensaje, carta y/o correo electrónico instándole a los contribuyentes a pagar sus deudas. El nombre del deudor queda registrado en una lista firmada por el Tesorero Comunal junto con los demás detalles que permitan localizar al moroso, lo que incluye su dirección, nombre completo y cantidad que debe.
2. Primera etapa de cobranza judicial: Al terminar la anterior parte se despacha el "Mandamiento de Ejecución y Embargo" por el Tesorero Regional o Provincial correspondiente, emitiendo una notificación que exija el requerimiento del pago y si no se realiza, tocará embargar los suficientes bienes que garanticen el pago de la deuda. Se divide en dos fases:
   a) Mandamiento de ejecución y embargo: es la primera acción del Tesorero Regional o Provincial donde ordena a un Recaudador Fiscal notificar, requerir el pago y trabar embargo sobre los bienes de la persona
   b) Excepción del cobro: si el contribuyente tiene justificación puede solicitar una excepción por el cobro y realizar el trámite ante la Tesorería dentro de los próximos 10 días hábiles desde el requerimiento de pago.
3. Segunda etapa de cobranza judicial: Se lleva a cabo ante el Juez de letras competente en lo civil correspondiente al domicilio del demandado y se inicia cuando se solicitan acciones como:
   
   
   • Remate de los bienes embargados.
   • Retiro de activos embargados y designación del martillero (persona que remata los bienes)
   • Solicitud de remate de los bienes raíces embargados
   • Petición de orden de arresto por impuesto de retención o por no presentación de la declaración jurada de sus bienes (en caso de ser necesario).

Embargos

Por lo delicado que resulta este asunto es altamente recomendable contar con un abogado tributario para que sirva de apoyo, y en el mejor de los casos logre anular el embargo.

Vale decir que para que exista un embargo se requiere una autorización a través de un juicio ejecutivo y una orden judicial emitida por un juez. Un juicio ejecutivo es un tipo de juicio que busca confirmar la existencia de deudas a favor de un acreedor, permitiéndole cobrar el dinero adeudado y en caso de que no lo reciba es libre de iniciar un proceso que resulte en el embargo de los bienes del deudor, para recuperar el dinero perdido.

Es posible que un tercero obstaculice el procedimiento si, por ejemplo, vive con la persona que van a embargar y dice que algunas de las cosas son de su propiedad. Tal acción se conoce como traba del embargo, que también puede presentarse cuando una persona argumenta en un juicio que el embargo lo afectaría de alguna manera. No obstante nada de eso le quita validez a la gestión del embargo.

Es importante recordar que si una persona se niega al embargo puede que los Carabineros vayan a su casa a realizar la diligencia, aparte de que la oposición al embargo pudiera ser un agravante en el caso del deudor.

Perfil del abogado tributario

Es una persona metódica que busca dar cumplimiento a cada una de las normativas del Derecho Tributario, además de tener paciencia debido a que las gestiones pueden demorar cierto tiempo.

También posee conocimientos avanzados de las leyes tributarias chilenas, aparte de experiencia al manejarse en entes públicos como el Servicio de Impuestos Interno o la Tesorería.

Como buen abogado debe saber argumentar con precisión para poder defender a su representado con propiedad ante un juez, ser capaz de refutar cualquier acusación que pese contra él y formular un caso que impulse los intereses de su cliente, tal y como pasaría en cualquier rama del Derecho.

De la misma forma está en la obligación de mantenerse actualizado en todo lo referente a las nuevas normativas y leyes que surjan, teniendo en cuenta que cualquier novedad puede cambiar la manera en que maneje ciertos casos.