Declararse en quiebra o insolvencia es una medida de último recurso que algunas personas o empresas pueden necesitar en caso de que se vean con deudas que realmente no pueden pagar. Para poder declararte en quiebra es ideal estar asesorado por un abogado especializado en quiebras para que te represente ante el tribunal y te guíe a través del proceso, debido a que para iniciarlo debes hacer una solicitud al tribunal correspondiente a tu domicilio.

Una persona o empresa tiene dos opciones para declararse en quiebra:

• Renegociación de la deuda: Es un proceso que busca volver a negociar las deudas con el objetivo de conseguir plazos extendidos para pagos pendientes, además de reducir los intereses o incluso eliminarlos si es posible. Este trámite administrativo se realiza acudiendo al Superir (Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento), ya que el organismo actúa como mediador entre la parte deudora (el que debe) y la acreedora (el que cobra). Cabe destacar que es una gestión gratuita que se realiza sin acudir a tribunales, y según las cifras oficiales más del 92% de los deudores que buscan apoyo en el Superir logran llegar a un acuerdo con la gente a la que le deben dinero.
• Liquidación de los bienes: Al hacer esto se busca vender los bienes de la persona o empresa para que se puedan pagar las deudas. En este caso se solicita la liquidación para luego asignar un liquidador titular aparte de un suplente, quienes administrarán y venderán los activos de las personas. Cabe destacar que esto es un remate, por lo que puede que las cosas se vendan a un precio menor de cuando se compraron.
  Antes de considerar esta opción es bueno evaluar el monto adeudado y la factibilidad de pagarlo con lo que se consiga al rematar las cosas, ya que no tiene mucho sentido vender lo poco que uno pueda tener si no se cubre ni el 10% de la deuda

Persona

Si es una persona debe cumplir con algunos requisitos como tener dos o más deudas vencidas por más de 90 días corridos y que sumen en total más de 80 Unidades de Fomento (UF), lo cual es aproximadamente 2,1 millones de pesos, además de no tener un juicio ejecutivo en su contra (proceso judicial que persigue el pago de una deuda).

Puede ser que en medio de la situación tan delicada por la insolvencia económica no sea posible revisar si uno es un candidato válido para declararse en bancarrota, así que un abogado de quiebras puede resultar de provecho para facilitar las gestiones asociadas con el procedimiento legal.

La finalidad de la declaración en quiebra es que la persona poco a poco pueda cumplir con sus deudas aparte de salir del Dicom, que es una base de datos que contiene detalles sobre el comportamiento financiero de empresas y personas. Aparecer en dicha base de datos puede impedir obtener créditos bancarios o la compra de artefactos a plazos, debido a que las empresas van a poder calcular que tan arriesgado es confiar en que alguien honrará sus compromisos de pago.

Empresa

Si bien lo mejor es evitar quedarse insolvente económicamente, en ocasiones suceden eventos inesperados como cuando falla un negocio u ocurre un accidente que involucre gastos médicos, lo cual pudiera traer como consecuencia que uno deba declararse en quiebra. Y si pasa de forma reiterada, es posible declararse en bancarrota nuevamente, siempre y cuando hayan pasado un mínimo de cinco años entre cada procedimiento, contados a partir de la fecha de cuando se aprobó la quiebra. Lo ideal es que cada vez que se tenga pensado declararse en bancarrota se cuente con un abogado de quiebras para evitar posibles inconvenientes con las autoridades.

Desde el 2014 entró en vigencia la Ley 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento que ayuda a empresas (y a personas) cuando sus deudas superan su capacidad económica de cubrirlas. Busca proteger financieramente al deudor, ya que evita que se generen nuevos intereses sobre los pagos adeudados, ni que se le embarguen sus cosas.

Antes de cerrar una empresa por insolvencia, los socios deben cumplir con el pago de los sueldos, debido a que si no lo hacen pueden ser demandados por apropiación indebida, trayendo como consecuencia aún más deudas al pagar abogados y cubrir posibles indemnizaciones en caso de que el juez falle en contra de la empresa.

Seguidamente, debe pagarle a los acreedores, que son todas aquellas personas o empresas con las que haya suscrito acuerdos que ameriten un pago. En caso de que quiera seguir funcionando como empresa, debe reorganizarse de acuerdo a los estatutos establecidos por la Ley 20.720.

Tal vez este proceso dure un poco más que cuando se trata de una persona porque las empresas contraen más obligaciones con terceros, aparte de que la documentación conlleva más trabajo.